Por: Ferchijote Durante siglos en Colombia, el pacto de impunidad ha protegido a altos mandos y jerarcas acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Desde la época de la Violencia bipartidista (1948–1958), pasando por la formación de grupos paramilitares vinculados con sectores militares y políticos, hasta las décadas más cruentas del conflicto armado, los responsables rara vez han enfrentado consecuencias efectivas. En la década de 1990, por ejemplo, la justicia colombiana investigaba apenas uno de cada tres homicidios, procesaba solo el 6 % de ellos y condenaba el 4 %, lo que dejaba un 96 % de impunidad (El País, 2025a). Durante las últimas cuatro décadas, organizaciones como Naciones Unidas y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) han denunciado que las Fuerzas Armadas, en alianza con actores paramilitares, cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad con el amparo de un sistema judicial que no operaba con independencia ni voluntad sancionatoria (CI...
Es un espacio para la escritura, la lectura y la crítica sobre de las distintas realidades.